El gobierno mexicano ha cometido, promovido o tolerado con mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera directa o a través de terceros, que en nuestro territorio nacional se cometan delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los migrantes, junto con las detenciones arbitrarias e ilegales, las retenciones arbitrarias, fabricación de delitos y la inducción-coacción de testigos, delitos que prevalecen por la total impunidad.
Todo esto se debe en gran medida a que la Ley Contra la Delincuencia Organizada, sus sistema de jurisprudencias especiales y los montajes mediáticos ejercen un poderoso efecto corruptor de la justicia que impacta a otras leyes y procedimientos, e incluso permea a los organismos públicos de derechos humanos y a la sociedad misma, generando un prejuicio que se convierte en sentencias condenatorias para las personas aún incluso antes de que hayan sido detenidas ya son consideradas culpables.
El Estado Mexicano es culpable de este estado de cosas que nos tiene en la más grave crisis de derechos humanos en la historia de nuestro país.
México vive una economía de guerra impuesta, se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema represivo, una economía que no permite ni seguridad ni justicia y solo deja las grandes ganancias de la guerra, para los poderosos. Miles y miles de víctimas. Millones y millones de pesos tirados a la basura en el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó.
En este mundo globalizado donde se ve inmerso nuestro país, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han dejado de ser derechos y se convierten en mercancías. El gobierno vende a empresas privadas el territorio, agua, electricidad y demás recursos energéticos, recursos naturales, los patrimonios artísticos y culturales, incluyendo además y sobre todo la fuerza laboral, devaluando las conquistas de las prestaciones sociales, las pensiones y jubilaciones mismas que están en franco deterioro.
Brenda QUEVEDO CRUZ
Lugar
y fecha de detención: 27 de noviembre de 2007. Louisville, Estado de Kentucky,
Estados Unidos de América; sentencia.
No ha sido sentenciada.
Lugar
de reclusión: Central Federal femenil de Readaptación Social, No. 16, en
Coatlan Morelos.
Expediente:
Relato: Brenda Quevedo Cruz nació el 24 de
agosto del 1980, es licenciada en comunicación y relaciones públicas; trabajó
en Editorial Clio, en Televisa, en Innova, en Agencia Renoir y en International
Consulting Services (Londres, Inglaterra). Hoy se encuentra privada de su
libertad desde hace más de 8 años en el penal de máxima seguridad de Tepic,
Nayarit. Brenda fue acusada de haber participado en el secuestro y
desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de María Isabel Miranda de
Wallace, cuando aún no se ha podido comprobar la muerte de Hugo Alberto ya que
no hay cadáver. Además, se tiene la prueba de que Hugo Alberto tramitó un CURP
en 2010 con los apellidos de su madre gracias a una segunda acta de nacimiento.
Cabe agregar que la inocencia de Brenda fue violentada, ya que no se logró
inculparla. A pesar de haber sido amenazada y torturada en dos ocasiones, como
los otros cuatro inculpados, Brenda siempre se ha negado a firmar una
declaración auto-inculpatoria. Brenda lleva 8 años presa sin haber recibido
sentencia. El caso Wallace es un grave ejemplo de fabricación de culpables por
parte de las máximas autoridades mexicanas, incluyendo la Procuraduría General
de la República y el mismo Presidente de la República, que en ese entonces, era
Felipe Calderón. La justicia mexicana tiene como consigna no liberar a los
inculpados, entre ellos Brenda.
Pablo SOLÓRZANO CASTRO
Lugar y Fecha de detención: 12 de mayo
del 2011. Saliendo
de su domicilio ubicado, calle Juan Diego, Manzana
20, lote 16, casa 7, Fraccionamiento los Héroes de
Coacalco, Municipio Coacalco de Berriozábal, Estado de México.
Toca
Penal: 83/2011.
Sentenciado,
o procesado. SENTENCIADO, 452 años 8 meses 25 días.
Juez:
Nadia Villanueva Vázquez
Defensor
público federal, Lic. Luis MONROY MORENO
Lugar
de reclusión: CEFERESO “No. 13 CPS Oaxaca”
Relato: Pablo SOLÓRZANO CASTRO, nació el 14
de abril de 1977, licenciado en derecho litigante, hoy se encuentra privado de
su libertad. Inicialmente recluido en el centro federal de readaptación social
no. 1 “Altiplano” ubicado en el municipio de Almoloya, Estado México, el día 16
de noviembre de 2015 fue trasladado al centro federal de readaptación social
CEFERESO No. 13 “CPS Oaxaca,” ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue
víctima de falsa acusación, detenido arbitrariamente, torturado física y
psicológicamente, mediante la inducción de un testigo singular obligado a
señalar mediante una fotografía (para vincularlo en una banda de
secuestradores), Noé Robles Hernández quien a su vez fue víctima de tortura,
para inculpar a Pablo y cuyas declaraciones fueron posteriormente desmentidas
en sus ampliaciones de declaraciones y careos. Ni las victimas ni otros
coacusados lo señalan como haber participado en secuestro alguno. El mismo
siendo abogado fue obligado a inculparse para convalidar el parte informativo
de puesta a disposición de sus aprehensores y en su declaración ministerial no
obstante que por ser abogado y conocer
sus derechos y que él tenía la garantía de no declarar en su contra, no pudo
resistir a auto inculparse por la gravedad del tormento y estuvo a punto de
perder la vida, pues el intento suicidarse produciéndose graves lesiones. Este
es un caso gravísimo de falsa acusación puesto que mediante la tortura del
testigo singular como única prueba, fue sentenciado a la aberrante y
transcendente condena de 452 años 8 meses 25 días.
Montajes mediáticos. Tomemos
un ejemplo ampliamente mediatizado y realmente poco conocido, el caso de Florance
Cassez e Israel Vallarta Cisneros, quienes fueron detenidos el 8 de diciembre
del 2005 y presentados en un montaje mediático el 9 de diciembre, como líderes
de una banda de secuestradores que nunca existió. Todos fuimos víctimas del
engaño y convencidos por los medios y las autoridades de que ellos dos eran
culpables. Unas horas de difusión televisiva bastaron para producir una década
de daños en las vidas de la familia Vallarta y de Florance Cassez, condenados
culpables antes de ser juzgados.
Fue hasta el 2013 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
pronunció sobre el efecto corruptor del montaje mediático, y concedió la
libertad para Florance Cassez. No así para Israel Vallarta (aún sin sentencia a
10 años del montaje mediático). Ni para otros cinco de sus familiares, tres de
ellos detenidos en el 2009 y dos más en el 2012, víctimas también de tortura y
fabricación de delitos, quienes fueron inculpados por David Orozco Hernández que
a su vez, fue obligado a hacerlo. David Orozco murió en prisión el 5 de enero
del 2015, por afecciones agravadas debido a la tortura de que fue objeto. Nos
sumamos al reclamo de sus familiares para que se reconozca su inocencia
post-mortem, se castigue a los responsables y se reparen los daños.
No se puede dar justicia a las
víctimas, torturando, fabricando pruebas, acusando a inocentes, induciendo o
coaccionando víctimas y testigos y haciendo montajes mediáticos, eso es
corrupción e impunidad.
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